INFORMÁTICA JURÍDICA EN COLOMBIA

Bitácora

Buen día; en las últimas semanas después del gran Flisol, se nos ha imposibilitado el normal desarrollo de la clase de informática jurídica, debido a la realización de diversos eventos programados por la facultad. Realmente no he estado muy al pendiente del blog los últimos días, son muchos los trabajos y parciales para la época, pero seguiré brindándoles la información que pueda compartir. Hay parcial y se acercan las vacaciones y el descanso   

SAQUEO DE LA SALUD

Funcionarios de Minprotección crearon 'consultora' que tramitó pagos ilegales, ésta llamada QAV consultores. 

Lograban que el Ministerio de la Protección Social aprobara millonarios pagos por servicios de salud y medicamentos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS) y rechazados en primera instancia por el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), el ente responsable de este tipo de desembolsos.

Lo que no se sabía es que el éxito de QAV estaba fundamentado en un oscuro acuerdo que su gerente, Édgar Medina Millán -ex vicepresidente financiero de Medicina Prepagada Colsánitas-, selló con funcionarios del Minprotección para que le aprobaran pagos con sobornos.

Su principal ficha en el Ministerio era Claudia Patricia Rojas Puerta,coordinadora del Grupo de Análisis y Seguimientos de Recobros.

"Si logramos este giro vamos a celebrar: por fin vamos a salir de pobres. Jajajaja", se lee en uno de los 2.000 correos electrónicos que analistas de la Dijín recuperaron tras un allanamiento a las oficinas del Ministerio.

Faltan diez capturas y que se defina la suerte de dos altas ex funcionarias del Ministerio. Una de ellas es Luisa Fernanda Bellini, ex directora general de Financiamiento, quien ordenó desembolsos por 300 mil millones de pesos aprobados por Claudia Rojas."La Fiscalía quiere saber si Bellini fue cómplice del equipo criminal que funcionaba en esa cartera o si fue engañada por sus subalternos", dice un investigador.

María de los Ángeles Pascual, asesora jurídica externa de Bellini, emitió conceptos sobre el pago de cuentas, en especial cuando mediaban acciones de tutela. La Procuraduría ya encontró 75 tutelas falsas, presentadas por Saludcoop por 500 millones de pesos. Según el expediente, cobraron tratamientos vía tutela que nunca prestaron y reclamaron pago de medicamentos para personas que ya murieron. También cobraron dos veces el mismo servicio y alteraron fechas, sellos y firmas para justificar los reclamos. Se investiga de igual manera el cobro de medicamentos por hasta cinco veces su precio.

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GUIA PARA ENTENDER EL ESCANDALO EN EL SECTOR DE LA SALUD

Sistema de salud  construido por la Ley 100 de 1993, tiene dos tipos de regímenes: contributivo y subsidiado.
¿Por qué estalló la crisis del sector?
La desactualización del POS, la falta de un cálculo exacto sobre el valor de la salud de cada colombiano (UPC) y el desorden en las bases de datos y normas ambigüas, llevaron a una desfinanciación del sistema. 
¿Qué es un recobro?
Dinero que el sistema, a través del Fosyga, les reembolsa a las EPS por la prestación de servicios por fuera del POS a sus afiliados.
¿Cuál es el papel de las IPS y de las EPS?
¿Qué son las mesas de trabajo?
Fueron creadas de manera temporal en el 2006, por resolución del Ministerio, para revisar la decisión de aprobar o no 21.000 recobros específicos y eran lideradas por la hoy ex funcionaria Claudia Rojas, más conocida como 'La doctora NO', porque solía lograr que las mesas emitieran un concepto negativo. Esto daba pie a la creación de empresas fachadas. 
¿Cuál es la base de esta crisis?
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LOS PUNTOS CLAVES DEL DEBATE DE LA REFORMA A LA EDUCACIÓN

 

Para aumentar cobertura de la educación superior al 50%, el Gobierno le apuesta al capital privado.

1. Universidades públicas y Gobierno, en tira y afloje por los recursos

2. ¿Universidades con ánimo de lucro, pero poca calidad?
La reforma crearía la figura de las instituciones de educación superior con ánimo de lucro, para traer capital, inclusive extranjero, al sector.

Las privadas de hoy son sin ánimo de lucro: no pagan impuesto a la renta, pero deben reinvertir lo que ganen. Eso en el papel, porque se sospecha que mucha de esa plata se va a bolsillos particulares. Estas instituciones podrían pasar a ser con ánimo de lucro y José Fernando Isaza, vocero del gremio universitario, dice que ello puede desatar la venta de universidades.
La gran crítica a la propuesta se centra en que "negocio no es sinónimo de calidad"


3. La acreditación, el gran filtro de la calidad
Un gran objetivo de la reforma es la calidad como condición para avanzar en competitividad. En el Índice de Competitividad del Institute for Management Development (IMD), de Suiza, Colombia quedó de 41 entre 55 países, hace dos años. De las 80 universidades, solo 21 tienen acreditación.
La ley las obligaría a todas a tenerla, lo que implica hacer investigación y tener doctorados. Si no lo logran en cinco años, bajarían de categoría. Las universidades plantean, de nuevo, que la solución no son las normas sino los recursos.


4. Entre la transparencia y la autonomía
El Gobierno también plantea establecer prácticas de buen gobierno y un nuevo régimen de inspección y vigilancia.
El afán de transparencia surge de casos como el de entidades educativas privadas sin ánimo de lucro que disfrazan sus ganancias de gasto para no reinvertirlas o el de miembros de consejos de universidades públicas que a la vez tienen contratos con ellas. "Los regímenes de inhabilidades e incompatibilidades no están tan claros", dice el Viceministro Botero.

Otros aspectos importantes
Más crédito, Paga si tiene trabajo, Alianzas con empresas, Promoción regionalEl proyecto de ley mantiene el esquema de entrega de recursos del Estado ajustado cada año con el índice de precios al consumidor (IPC), pero con adición especial.

En el 2012 se otorgaría un 1 por ciento más; un 2 por ciento, en el 2013, y un 3 por ciento entre el 2014 y el 2019.
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SE HUNDIÓ PROYECTO QUE BUSCABA PENAlIZAR A CONDUCTORES EBRIOS

 "Manejar ebrio es algo que debe criminalizarse, porque potencializa el riesgo de causar daños a otros", dice por su parte el ex magistrado de la Corte Constitucional Jaime Córdoba Triviño.
¿por qué se hundió esta semana el proyecto de ley que buscaba convertir en delito con pena de prisión, de 8 a 30 días, la conducción de vehículos en estado de embriaguez o bajo el influjo de sustancias alucinógenas?
Para el autor de la iniciativa, el senador Roy Barreras ('la U'), la razón es que a algunos colegas les pareció que la sanción penal de esa conducta, que conllevaría la inhabilidad de por vida para los cargos de elección popular, "era un riesgo muy alto para ellos y para toda la clase política".
Para Mary Bottagisio, directora de la Liga contra la Violencia Vial, esta decisión "condena a la sociedad colombiana a seguir siendo asesinada por los conductores borrachos". Y añadió que la norma no buscaba enviar más gente a la cárcel sino prevenir muertes evitables mediante el castigo de un comportamiento altamente peligroso.
Estos delitos son culposos (cometidos por imprudencia o negligencia, sin intención) lo que hace que pocos conductores ebrios que hieren o matan con sus carros van presos.
Este proyecto pretendía, aumentar las penas por lesiones y homicidios cometidos por personas ebrias, para que estos casos no fueran excarcelables.

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